El portavoz del sindicato de controladores aéreos por fin dio la cara, tras una serie de afirmaciones realizadas únicamente a través del muro de su perfil oficial en la red social Facebook. Y lo ha hecho con algunas palabras de cara a la galería ("nuestra reacción fue desmesurada") y otras claramente destinadas a continuar abierta su pugna con el Gobierno y AENA. César Cabo insistió en que "la empresa fue la que cerró el espacio aéreo y los aviones no salieron". "El clima de agitación impedía a muchos trabajadores desempeñar su trabajo, pero había controladores para que los aviones hubieran podido seguir volando. No en las mismas condiciones, pero se podía haber seguido volando", ha dicho.
El Gobierno anunció que castigaría a los controladores aéreos y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido ha hecho pública la sanción que pedirá el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta ocho años de cárcel.
Los controladores se enfrentan a un delito de sedición por abandonar deliberadamente su puesto de trabajo provocando la inactividad de los aeropuertos de forma premeditada, un delito recogido en la ley de navegación aérea con penas de 3 a 8 años de prisión.
Conde-Pumpido señaló que no se trata de un “problema laboral” porque “no se utilizaron las vías legales” de huelga, sino que se produjo un abandono “premeditado y concertado”.
Así, el fiscal perseguirá a “todos los que participaron” y no sólo a los dirigentes, aunque estos tendrán “una sanción mayor” por su alto grado de responsabilidad.
El Gobierno anunció que castigaría a los controladores aéreos y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido ha hecho pública la sanción que pedirá el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta ocho años de cárcel.
Los controladores se enfrentan a un delito de sedición por abandonar deliberadamente su puesto de trabajo provocando la inactividad de los aeropuertos de forma premeditada, un delito recogido en la ley de navegación aérea con penas de 3 a 8 años de prisión.
Conde-Pumpido señaló que no se trata de un “problema laboral” porque “no se utilizaron las vías legales” de huelga, sino que se produjo un abandono “premeditado y concertado”.
Así, el fiscal perseguirá a “todos los que participaron” y no sólo a los dirigentes, aunque estos tendrán “una sanción mayor” por su alto grado de responsabilidad.
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